Acerca de la contingencia
Mayo 2022. Patricio González
Pasado ya dos meses del inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, parece menester echar una mirada acerca de la contingencia política del país.
En estos poco más de 60 días del nuevo gobierno se nota un desgaste apresurado de éste debido a una serie de "errores no forzados". Existe la sensación de que se ha perdido en parte el rumbo, la iniciativa política, tanto por parte del gobierno como de los partidos que lo apoyan. Se aprecia una errática y creciente falta de conducción política de parte del Ejecutivo y del oficialismo, una pérdida de iniciativa y liderazgo y un avance en los ímpetus derechizantes de la oposición.
En estas casi 10 semanas transcurridas desde que asumió el Presidente Boric, se detecta la intención de poner la atención, por parte del gobierno, en los fenómenos y no en el origen de ellos, en enfrentar la forma y no la esencia del problema.
Hay una serie de hechos que se enmarcan en esta problemática: el viaje de la Ministra del Interior al Wallmapu inmediatamente asumido el cargo, las declaraciones de la misma Ministra respecto al supuesto regreso del avión con los extranjeros expulsados, el controvertido quinto retiro, el trato con guante blanco a los paros de las últimas semanas de los camioneros, la represión de carabineros a diversas manifestaciones, el respaldó irrestricto que el gobierno le ha dado a Carabineros y a su Director General, denunciado como violador de DDHH, la represión a los subcontratados de ENAP (empresa del Estado) por parte de Carabineros, los trágicos sucesos del barrio Meiggs con el asesinato de la periodista Francisca Sandoval y, en marzo pasado, la golpiza a un estudiante por el lumpen, etc. Finalmente, declarar (nuevamente) el estado de excepción en 4 provincias en el sur y el cambio del Jefe de Gabinete de la Ministra del Interior, entre otros, con la guinda de la torta respecto a la duración solo por 2 días del designado Jefe de Plaza en la Región del Biobío.
Por otro lado, ha estado en la palestra de la discusión el trabajo de la Constituyente. La Constitución de 1980 (llamada también Constitución Pinochet-Lagos, por los retoques cosméticos que éste último le realizó el 2005) prácticamente conserva todos los aspectos ("candados") antidemocráticos con los cuales fue concebida y escrita entre 4 paredes por 24 "eminencias" designadas a dedo por el dictador. Ella restringe o derechamente no contiene ningún precepto que pueda darle un atisbo de democrática. Se debe recordar que, para el estallido de 2019, la consigna de los estudiantes secundarios expresaba una incuestionable verdad: "no eran $ 30, eran 30 años", dando cuenta que, durante los gobiernos posteriores a la dictadura, se administró el sistema heredado de Pinochet, sin cambios mayores, basado fundamentalmente en esa Constitución.
Particularmente las manifestaciones, a contar de octubre de 2019, fueron reprimidas con brutalidad por el gobierno de Piñera, inclusive le declaró la guerra al pueblo movilizado, violando los DDHH de miles de chilenos. Bajo el mandato de Sebastián Piñera se aplicó la Ley de Seguridad del Estado contra los manifestantes, mecanismo "legal" para enfrentar episodios que atenten contra el llamado "orden público" y, precisamente, contra la "seguridad interior del Estado", cuyo objetivo es apurar los procesos judiciales y subir las penas a imponer a los manifestantes. Esta ley fue utilizada en innumerables oportunidades bajo la dictadura pinochetista y posteriormente por los gobiernos que le sucedieron. No se puede dejar de mencionar que, durante las grandes manifestaciones de 2019, 2020 y parte del 2021, hubo infiltrados por parte de Carabineros y también por parte de personal de la Municipalidad de Providencia, como se ha denunciado en estos días. Del mismo modo, hay denuncias de montajes por parte de la policía en las manifestaciones post estallido. Inclusive, hay dudas respecto a quién incendió el Metro, como lo han señalado algunos informes de prensa escrita y TV.
Particular importancia tiene esto con la existencia o no de presos políticos. A marzo del año 2021 se señala que "Según datos de la Gendarmería de Chile, hay 211 personas presas por causas penales relacionadas con las manifestaciones sociales ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes."1
Junto a ello, ha habido acciones contra los mapuches que son abiertamente represivas y violadoras de sus DDHH, por ejemplo, como el asesinato de Camilo Catrillanca y la detención por meses de la Machi Linconao.
De acuerdo a El Mostrador, "Es dable señalar que, a finales del 2021, un total 144 personas se encontraban en prisión preventiva por causas relacionadas con el estallido. Tres meses después, la cifra bajó a 70 personas. De ellas, 63 están a la espera de juicio oral y siete ya fueron sentenciadas, pero aguardan resoluciones de tribunales superiores. En otros casos la sentencia resultó menor o igual al tiempo que estuvieron presos mientras se desarrollaba el proceso, por lo que fueron liberados. Una de estas personas estuvo 451 días recluida, pero finalmente se le aplicó una pena de solo 150 días. Hay otros detenidos que llevan más de 700 días en prisión preventiva. De no creer."2
En la lista proporcionada por Gendarmería y analizada por CIPER, hay al menos doce personas que están o estuvieron durante dos años o más en prisión preventiva por causas ligadas a la revuelta social. De estas personas, seis se mantienen en prisión preventiva (cinco sin pasar por juicio oral y uno a la espera de que se resuelva un recurso de apelación), cinco cambiaron de medida cautelar a arresto domiciliario y uno está cumpliendo condena en libertad desde el 3 de febrero pasado.3
Se han identificado otros casos en que los imputados cumplieron su condena estando en prisión preventiva. Uno de ellos es un joven de la comuna de El Bosque, detenido por "saqueo frustrado", quien pasó 451 días en prisión preventiva, pero fue condenado a solo 150 días de cárcel: estuvo 351 días extras, casi un año privado de libertad. ¿Cómo se le repara? Legislaciones de otros países han regulado expresamente la forma de resarcir a quienes han pasado por esta situación. Así, por ejemplo, en Países Bajos, cualquier detenido cuyo proceso no hubiese concluido con sanciones en su contra, tiene derecho a solicitar una compensación por los daños ocasionados. En caso que una persona terminare siendo condenada, también tiene derecho a solicitar una indemnización si la detención policial o la prisión preventiva hubiere sido declarada ilegal.
Valga traer a colación que, ya en marzo de 2020, Amnistía Internacional señaló haber tenido conocimiento de que cientos de personas se encontraban privadas de libertad por delitos menores (como el de desórdenes públicos) en conexión con las protestas de 2019, mientras otras se hallaban en prisión por el uso indebido y desproporcionado de instrumentos del derecho penal, como la Ley de Seguridad del Estado.
En lo atingente al contenido de esta iniciativa legislativa, es menester señalar que estamos frente a un proyecto de amnistía que se aplica únicamente para aquellos delitos y faltas cuyos hechos hayan ocurrido en el periodo del estallido social; y que además deja fuera a quien hubiere sido condenado por delitos de la misma especie antes de la revuelta social. A mayor extensión, el proyecto de ley conlleva un catálogo limitado de delitos a amnistiar, donde quedaron fuera el homicidio frustrado y el maltrato de obra en contra de las policías.4
Desde el golpe de estado de 1973 se han conculcado lo diversos derechos de los chilenos. Ese atropello ha ido desde la pérdida de derechos sociales (a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, etc.) hasta la detención arbitraria, tortura, diversas lesiones, desaparición y asesinatos. Si bien en los gobiernos post dictadura esos atropellos han disminuido, no han desaparecido. Un claro ejemplo de aquello ha sido la fuerte represión desatada desde octubre de 2019 a la fecha. Y para la mayoría de los chilenos está claro que se han violado los DDHH hasta la fecha y que hay presos políticos. De acuerdo a Guillermo Teillier: "Yo sí creo que hay presos políticos, porque lo que motiva a muchas de las personas que están presas son motivaciones políticas, otra cosa es que en ese accionar haya cometido algo que pase por encima de la ley, eso es distinto. Pero hay presos políticos", dijo el líder del PC tras las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social y Familia."5
Debemos recordar que, bajo la dictadura y con la "adecuación legal" (innumerables Decretos Leyes, la Constitución de 1980 y diversos otros instrumentos "legales") que ésta se dio para gobernar a sangre y fuego, cualquier acción que se ejerciera contra la Dictadura y sus medidas eran delitos, y miles de chilenos y chilenas fueron encarcelados, torturados y muchos de ellos asesinados por las fuerzas represivas, utilizando precisamente, entre otros cuerpos "legales", la ley de Seguridad Interior del Estado.
Hoy la derecha está intentando tomar la ofensiva y ganar terreno. Aprovecha para eso no sólo los errores del gobierno y sus partidarios, sino también el empate en el parlamento, busca desprestigiar la Convención Constituyente, y han ido poniendo en jaque al gobierno. Se ha ido configurando un cuadro complejo y se requiere que el gobierno retome su programa, corrija sus errores y que se ordenen los partidos oficialistas para enfrentar con éxito un cuadro político difícil y complejo y poder así avanzar.
1Los presos de las revueltas de 2019 en Chile, una brasa en las manos del presidente Gabriel Boric | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)
3 Causas del estallido social: 12 personas han pasado dos años o más en prisión preventiva - CIPER Chile
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