AD PORTAS DE LOS 50 AÑOS DEL HISTÓRICO TRIUNFO DE LA UP Y DEL
PRESIDENTE MÁRTIR: SU PROGRAMA BÁSICO
Patricio
González
Junio 2020,
Artículo
escrito para Revista Principios N° 10 (2015), con motivo de los 45
años del triunfo de la Unidad Popular.
A
45 AÑOS DEL TRIUNFO DE SALVADOR ALLENDE Y EL PROGRAMA BASICO DE
GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR
Patricio
González Septiembre 2015.-
El
4 de septiembre de 2015 se cumplieron 45 años de la mayor victoria
electoral que haya tenido nuestro pueblo: el triunfo de la Unidad
Popular, que dio paso al gobierno más progresista y revolucionario
en nuestra historia, encabezado por el Presidente mártir, compañero
Salvador Allende. Este se fundamentaba en el Programa Básico de
Gobierno de la Unidad Popular, aprobado y suscrito por los Partidos
Comunista, Socialista, Radical y Social Demócrata, el Movimiento de
Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente el
día 17 de Diciembre de 1969, en Santiago de Chile.
CONTEXTO
NACIONAL
Surge
de un cuadro político histórico y específico, que le permitió a
la clase obrera chilena y a las fuerzas progresistas, en general,
desarrollar un arco de alianzas que, aglutinadas en torno a una serie
de reivindicaciones, cuyo resultado fue generar las condiciones para
ese histórico triunfo político. También ayudó a ello las
condiciones internacionales, especialmente en América Latina: la
consolidación de la Revolución Cubana, fortalecimiento de partidos
de izquierda y de movimientos sociales en la región, la existencia
de un potente Sistema Socialista mundial, entre otros.
Todo
eso permitió primeramente, a las fuerzas políticas que fundaron la
UP, evacuar un correcto diagnóstico político-social de aquellos
años, el que consideraba, entre otros aspectos, lo siguiente:
“Chile
vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento
económico y social, en la pobreza generalizada y en las
postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y
demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que
enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos
y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la
juventud.” 1
El
programa añadía que era posible resolver los problemas de Chile:
“Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros
minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de
bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie
agrícola más que suficiente, etc. Cuenta, además, con la voluntad
de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica
y profesional.”2
Se
preguntaba este documento qué era lo que había fallado: “Chile es
un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por
sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital
extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del
país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a
los que jamás renunciarán voluntariamente.”
En
el análisis realizado, el Programa destacaba la “entrega de la
burguesía monopolista nacional al imperialismo”, especialmente al
de EEUU, lo que acentuaba más la dependencia del país al capital
extranjero. Textualmente señalaba: “Para unos pocos, vender a
diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás
es lo que hacen todos los días.
Para
la gran mayoría en cambio vender a diario su esfuerzo, su
inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su
propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están
privados.”3
El
diagnóstico continúa con la apreciación de que el gobierno de Frei
Montalba fue en esencia “un nuevo gobierno de la burguesía al
servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles
intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el
estancamiento económico, la carestía y la represión violenta
contra el pueblo”4
y, añadía que las “formas brutales de la violencia del Estado
actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de
campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son
inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los
chilenos.”
En
el aspecto económico, el programa también fue certero en su
diagnóstico. Señalaba que “la explotación imperialista de las
economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las
inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad
industrial, bancaria y comercial; mediante el control tecnológico
que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y
patentes; de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias
que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación
adicional del transportar en barcos norteamericanos los productos
comprados, etc.”5
Según
el programa, desde 1952 hasta fines de 1969, los norteamericanos
invirtieron en América Latina US$ 7.473 millones y se llevaron US$
16.000 millones. De Chile, EEUU se había llevado cuantiosos recursos
equivalentes al doble del capital instalado en el país, formado a lo
largo de toda su historia. Los monopolios norteamericanos eran dueños
de casi todo el cobre, hierro y salitre. Dominaban el comercio
exterior y dictaban la política económica por intermedio del FMI y
otros organismos. Eran dueños de importantes ramas industriales y de
servicios; gozaban de estatutos de privilegios, e imponían la
devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos, y
distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes
agropecuarios. Tenían gran influencia en la educación, la cultura y
los medios de prensa, en las FF.AA, etc. El programa de la UP
afirmaba que en Chile se gobernaba y legislaba a favor de los
grandes capitalistas, de las empresas que dominaban nuestra economía
y de los latifundistas. Como se puede deducir, después de 45 años,
salvo los tres años de la UP, la situación no ha variado en lo
sustancial en cuanto al dominio económico del capital transnacional
en el país.
Aseguraba
el programa que el capital imperialista, y el grupo de privilegiados
que los despaldaba, no siendo más de un 10% de la población,
acaparaban la mitad de la renta nacional, y constataba el hecho de
que, de cada cien escudos que los chilenos producían en los años
sesenta, 50 iban a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros
50 debían repartirse entre 90 chilenos, gente del pueblo y de la
clase media. En aquellos años, la inflación golpeaba fuertemente a
los hogares populares. El programa indicaba que, en la década de los
sesenta, según datos oficiales, el costo de la vida había subido
casi en un mil por ciento, lo que impactaba en el nivel de vida, lo
que se expresaba en que había un alto número de chilenos mal
alimentados. De acuerdo a este documento, y citando estadísticas
oficiales, “el 50% de los menores de 15 años de edad están
desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su
capacidad de aprender, de instruirse.”6
La economía en general, y el sistema agrícola en particular, eran
incapaces de alimentar a los chilenos. Constataba el programa que
había una gran dependencia de importaciones de alimentos
agropecuarios, atribuible al latifundio, el que generaba una
situación de gran atraso y miseria en el campo y señalaba que “los
últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón de un 2%
anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos
retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto
quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de
bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté
disconforme y busque una alternativa para nuestro país.”7
Por
todo lo anterior, el programa afirmaba que la única alternativa
verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el
Gobierno del Pueblo tenía ante si, era terminar con el dominio de
los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía
terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.
El
programa señalaba que el crecimiento numérico de las fuerzas
trabajadoras, su grado de organización, su lucha y la conciencia de
su poder, reforzaban y propagaban la voluntad de cambios profundos,
la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras.
Los más de tres millones de trabajadores de aquellos años no
podrían liberarse dentro del sistema reinante, que sólo podía
explotarles y someterles. Por ello, añadía el programa, junto a
todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no estaban
comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales
y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la
inmensa mayoría de los chilenos, podrían romper esas estructuras y
avanzar en la tarea de su liberación. La Unidad Popular nacía para
eso. Los Comité de Unidad Popular (CUP), organismos de base de los
partidos de la UP e independientes, nacidos para jugar un rol
determinante en “estimular y orientar la movilización del pueblo
de Chile hacia la conquista del poder”, debían constituirse por
todas partes, en fábricas, poblaciones, fundos, etc., y debían ser
intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las
masas y, sobre todo, debían prepararse para ejercer el Poder
Popular, al decir del programa. Esto se convirtió en un “método
permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela activa
para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido
político de la Unidad Popular en todos sus niveles.”8
Fue un mecanismo permanentemente de participación democrática del
pueblo. El acto eleccionario se transformó en un acto no sólo de
votar por un hombre, sino de pronunciarse a favor del reemplazo
urgente de la sociedad que se sustentaba en el dominio de los
grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
EL
PROGRAMA DE LA UP
Las
fuerzas populares y revolucionarias se unieron para llevar a cabo los
cambios de fondo que la situación nacional exigía sobre la base del
traspaso del poder desde los antiguos grupos dominantes a los
trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas
medias de la ciudad y del campo.
En
la estructura
política,
el Gobierno Popular se propuso profundizar los derechos democráticos
y las conquistas de los trabajadores, transformando las instituciones
para instaurar un nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo
tuvieran un real ejercicio del poder. El programa debía garantizar
el ejercicio de los derechos democráticos y respetar las garantías
individuales y sociales de todo el pueblo. Se aseguraba la libertad
de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad
del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización.
Las organizaciones sindicales y sociales de todos los estamentos
populares, incluyendo el artesanado y la PyME eran llamadas a
intervenir en el rango que les correspondía en las decisiones de los
órganos de poder. Se establecía que las instituciones de previsión
y de seguridad social se administrarían por sus propios imponentes,
asegurando la elección democrática y en votación secreta de sus
Consejos Directivos. Para las empresas del sector público se
consideraba que sus Consejos Directivos y sus Comités de Producción
debían contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.
Lo mismo para el sector habitacional, donde las Juntas de Vecinos y
otras organizaciones de pobladores dispondrían de mecanismos para
fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su
funcionamiento.
Pero,
más aún, este programa expresaba una nueva concepción donde el
pueblo asumía una participación real y eficaz en los organismos del
Estado. El Gobierno Popular garantizaba “el derecho de los
trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la
educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de
las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.”
Planteaba
la extensión de todos los derechos y garantías democráticas,
transfiriendo, a las organizaciones sociales, los medios y
herramientas reales para ejercerlos, y creando los mecanismos que les
permitieran actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentaría esencialmente su fuerza y su autoridad
en el apoyo del pueblo y se señalaba que éste sería
pluripartidista, integrado por todos los partidos, movimientos y
corrientes revolucionarias, por lo cual sería así un gobierno
verdaderamente democrático, representativo y cohesionado, el que
respetaría los derechos de la oposición dentro de los marcos
legales.
Se
preveía llevar a cabo una descentralización administrativa, además
de una planificación democrática y eficiente para eliminar el
centralismo burocrático para reemplazarlo por una coordinación de
todos los organismos estatales. El programa consideraba también la
modernización de la estructura de las municipalidades,
reconociéndose la autoridad que les correspondía de acuerdo a los
planes de coordinación de todo el Estado. Se pensaba transformarlas
en los órganos locales de la nueva organización política,
resolviendo el problema de financiamiento, que les afectaba, y
dotarlas de atribuciones adecuadas para poder atender los problemas
de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Se preveía que
empezarían a funcionar, con el mismo propósito, las Asambleas
Provinciales. Del mismo modo, estaba previsto la reorganización de
la policía para no volver a emplearse como organismo de represión
contra el pueblo y que cumpliera con el objetivo de defender a la
población de las acciones antisociales. Se pretendía humanizar el
procedimiento policial para garantizar efectivamente el pleno respeto
a la dignidad y a la integridad física del ser humano. Por otra
parte, se pensaba reformar el régimen carcelario, el que
representaba uno de los mayores problemas del sistema judicial de la
época.
UN
NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR
El
programa planteaba llevar a cabo un proceso de democratización en
todos los niveles y fomentar una movilización organizada de las
masas para construir la nueva estructura del poder. Para ello debería
dictarse una nueva
Constitución Política,
la que institucionalizaría la incorporación masiva del pueblo al
poder estatal. Preveía crear una organización única del Estado,
estructurada a nivel nacional, regional y local, las que tendrían en
una Asamblea del Pueblo el órgano superior de poder. Ella sería la
Cámara Única, la que expresaría nacionalmente la soberanía
popular. La dictación de normas específicas determinarían y
coordinarían “las atribuciones y responsabilidades del Presidente
de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos
regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin de
asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y,
sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.”9
La
generación de todos los organismos de representación popular
debería realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los
hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos
y analfabetos. Los miembros de la Asamblea del Pueblo y de todo
organismo de representación popular estarían sujetos al control de
los electores, con la posibilidad de revocación de mandato. Del
mismo modo, se establecía un rígido sistema de incompatibilidades,
el que podía concluir en el término del mandato o de las privación
de su cargo cuando un diputado o funcionario se convirtiera en un
lobbysta de intereses privados.
Se
preveía constituir un Sistema Nacional de Planificación, el que
tendría carácter ejecutivo, para dirigir, coordinar y racionalizar
la acción del Estado.
El
programa señalaba que, desde la misma asunción del mando, el
Gobierno Popular abriría canales para expresar la influencia de los
trabajadores y del pueblo, a través de organizaciones sociales, para
la toma de decisiones y en la fiscalización de la administración.
Se
preveía en el programa la creación de un Tribunal Supremo. Sus
miembros serían designados por la Asamblea del Pueblo. Este estaría
a cargo, además, de nominar a los miembros que comprendería a los
poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.
También
se definía
“una concepción moderna patriótica y popular de la soberanía del
país basada en los siguientes criterios:
- Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido, rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo a participar en acciones que interesen a potencias extrañas.
- Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.
- Integración y aporte de la Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social.”10
Se
especificaba también la concepción de una nueva doctrina
democrática hacia las FFAA.
LA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA ECONOMIA
El
objetivo central de la política era reemplazar la estructura
económica, acabando con el poder del capital monopolista nacional y
extranjero y del latifundio, iniciando así la construcción del
socialismo. En esta concepción jugaba un papel destacado la
planificación. Los órganos centrales de ésta se concebían en el
nivel administrativo más alto, mientras que sus decisiones tendrían
carácter ejecutivo. Esa política estaba orientada a constituir un
área estatal dominante, con las empresas que poseía el Estado,
además de las que se expropiarían. En sus primeros objetivos estaba
la nacionalización de las riquezas básicas, como la gran minería
del cobre, hierro, salitre y otras, todas en poder de capitales
extranjeros y monopolios nacionales:
1)
La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
2)
El sistema financiero del país, en especial la banca privada y
seguros;
3)
El comercio exterior;
4)
Las grandes empresas y monopolios de distribución;
5)
Los monopolios industriales estratégicos;
6)
En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo
económico y social del país, como la energía eléctrica,
transporte ferroviario, aéreo y marítimo; comunicaciones; la
producción, refinación y distribución del petróleo y sus
derivados, incluido el gas licuado; siderurgia, cemento, petroquímica
y química pesada, la celulosa y el papel.
Comprendía
también aquellos sectores de la industria, la minería, la
agricultura y los servicios donde permanecía vigente la propiedad de
los medios de producción. Estas empresas constituirían la mayoría
y serían beneficiadas con la planificación general de la economía
nacional. Por parte del Estado se proveería la asistencia financiera
y técnica necesarias para que esas empresas pudiesen cumplir con los
objetivos que debían alcanzar en la economía nacional, considerando
la cantidad de personas que trabajaban en ellas, como también el
volumen de la producción que generaban.
El
programa consideraba también una serie de medidas tributarias
simplificados para estas empresas y se les aseguraba una adecuada y
justa comercialización de sus productos. Junto a ello, se deberían
garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y generar
justas condiciones de trabajo. Ese sector se consideraba mixto ya que
se compondrían de empresas conformadas por capitales del Estado y de
particulares.
Los
créditos otorgados por entidades públicas a las empresas de esta
área podrían serlo en calidad de aportes de tal manera que el
Estado fuese socio y no acreedor. Igual para los casos en que éstas
obtuvieran créditos con el aval del Estado o de sus instituciones.
Por
otra parte, preveía la profundización de la Reforma Agraria,
considerada “como un proceso simultáneo y complementario con las
transformaciones generales que se desea promover en la estructura
social, política y económica del país, de manera que su
realización es inseparable del resto de la política general.”11
Se señalaba que la política de distribución y organización de la
propiedad de la tierra debía basarse en lo siguiente:
1.
Aceleración de este proceso, expropiando los predios que excedieran
cantidad máxima de hectáreas establecida, incluyendo las frutales,
vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tuviese derecho
preferencial a elegir la reserva.
2.
Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras
abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal.
3.
Organización preferente en formas cooperativas de propiedad de los
predios expropiados. Los campesinos tendrían títulos de dominio
que acreditarían su propiedad sobre la casa y el huerto que se les
asignaría y sobre los derechos correspondientes en el predio
indivisible de la cooperativa. Eventualmente se asignarían tierras
en calidad de propiedad personal a los campesinos, impulsando la
organización del trabajo y de la comercialización a través de
cooperación mutua. También se destinarían tierras para crear
empresas agrícolas estatales con tecnología moderna.
4.
Se consideraba también, en casos calificados, la asignación de
tierras a pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y otros
empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.
5.
Reorganización de la propiedad minifundista a través de formas
progresivamente cooperativas de trabajo agrícola.
6.
Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas
y servicios de las cooperativas que operaran en su área geográfica.
7.
Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección
democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la
usurpación, y que el pueblo mapuche y demás indígenas se les
asegurara tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia
apropiadas.
La
política económica del Estado se llevaría a cabo mediante el
Sistema Nacional de Planificación Económica y de los mecanismos de
control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica,
política tributaria y de comercio exterior, como también a través
de la propia gestión del sector estatal de la economía.
Los
objetivos de esta política eran:
1.
Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto
se proponía la reconversión de la capacidad productiva del país
desde los artículos superfluos hacia la producción de artículos de
consumo popular, baratos y de buena calidad.
2.
Garantizar empleo a todos los chilenos con un nivel de remuneraciones
adecuado. Para ello, debía diseñarse una política que generara un
gran empleo con el uso adecuado de los recursos y la adaptación de
la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.
3.
Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero.
Expropiación del capital imperialista, concebir una política de un
creciente autofinanciamiento de las actividades, fijar las
condiciones en que operaría el capital extranjero que no fuera
expropiado, y lograr una mayor independencia en la tecnología, en el
transporte externo, etc.
4.
Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado para
desarrollar al máximo las fuerzas productivas, asegurando el óptimo
aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y
técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del
trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo
independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones
de la población.
5.
Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y
diversificar la exportaciones, lograr una creciente independencia
tecnológica y financiera y evitar las devaluaciones de nuestra
moneda.
6.
Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La
lucha contra la inflación, adecuar el flujo de circulante a las
reales necesidades del mercado, control y redistribución del
crédito, evitar la usura en el comercio del dinero, entre otros.
TAREAS
SOCIALES
El
programa señalaba con mucha fuerza las principales carencias en esta
área y precisaba con mucha claridad las medidas a implementar.
Consideraba que las diversas “aspiraciones sociales del pueblo
chileno son legítimas y posibles de satisfacer”, como, por
ejemplo, viviendas dignas sin reajustes, escuelas y universidades
para sus hijos, salarios justos, fin a las alzas de precios, trabajo
estable, atención médica oportuna, alumbrado público,
alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas, una
previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de
hambre, teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas
deportivas, turismo y balnearios populares.
Aseguraba
el programa que “la satisfacción de estos juntos anhelos del
pueblo – que en verdad constituyen derechos que la sociedad debe
reconocerle – será preocupación preferente del Gobierno
Popular.”12
Los
objetivos de esta política fueron:
a)
Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear
de inmediato los organismos que, con participación de los
trabajadores, determinarían cifras que efectivamente constituyeran
sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país.
Mientras subsistiera la inflación, se procedería a establecer por
ley reajustes automáticos, de acuerdo con el alza del costo del IPC.
Estos operarían cada seis meses o cada vez que el costo de la vida
superara un nivel de 5%. En todos los organismos del Estado, y en
primer lugar en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarían
los sueldos altos a una cifra compatible con la situación del país.
Se
señalaba el establecimiento de un sistema de sueldos y salarios
mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera fuera
la empresa donde estos trabajos se realizaran. Esto se iniciaría en
el área estatal para extenderla posteriormente a toda la economía,
sin perjuicio de las diferencias derivadas de productividades
dispares en distintas empresas. Del mismo modo se eliminaría toda
discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de
sueldos y salarios.
b)
Se pretendía unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad
social, manteniendo todas las conquistas legítimas alcanzadas,
eliminado los privilegios abusivos, la ineficiencia y el
burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los
interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectores que
aún no la tenían, y entregando a los imponentes la administración
de las Cajas de Previsión, las que funcionarían dentro de las
normas de la planificación.
c)
Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos
los chilenos, financiada por el Estado, los empleadores y las
instituciones de previsión. Se incorporaría la población a la
tarea de proteger la salud pública. Los medicamentos se entregarían
en cantidad suficiente y a bajo precio.
d)
Se destinarían fondos suficientes para llevar a cabo un amplio plan
de edificación de viviendas. Se desarrollaría la industrialización
de la construcción, controlando sus precios, limitando el monto de
las utilidades de las empresas privadas o mixtas que operarían en
este rubro. En situaciones de emergencia, se asignarían terrenos a
las familias que los necesitaran, facilitándoles ayuda técnica y
material para edificar sus viviendas. Se eliminaría el sistema de
dividendos reajustables. Las cuotas o rentas mensuales, que debiesen
pagar los adquirientes de viviendas y arrendatarios, no deberían
exceder, por regla general, el 10% del ingreso familiar. Se
consideraba la remodelación de ciudades y barrios, evitando el
lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los
intereses del habitante del sector remodelado y asegurando a los
ocupantes su ubicación futura.
e)
Se establecería la plena capacidad civil de la mujer casada y la
igual condición jurídica de todos los hijos nacidos dentro o fuera
del matrimonio, como también una adecuada legislación de divorcio
con disolución del vínculo, con pleno reguardo de los derechos de
la mujer y los hijos.
f)
La división legal entre los obreros y empleados sería suprimida,
estableciendo para ambos la calidad común de trabajadores y
extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos aquellos que no lo
tenían.
CULTURA
Y EDUCACION
Señalaba
el programa que, para llevar a cabo las profundas transformaciones
planteadas, se requería “de un pueblo socialmente consciente y
solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto
científica y técnicamente, para desarrollar la economía de
transición al socialismo y abierto masivamente a la creación y goce
de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto.”13
Dado que la mayoría de las intelectuales y artistas luchaban ya en
eso años contra las deformaciones culturales propias de la sociedad
capitalista y trataban de llevar los frutos de su creación a los
trabajadores y vincularse a su destino histórico, bajo el Gobierno
Popular, señalaba el programa, tendrían un lugar de vanguardia para
continuar con su acción. La cultura surgiría de la lucha por
“fraternidad contra el individualismo; por la valorización del
trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales contra
la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al
arte, la literatura y los medios de comunicación contra su
comercialización.”14
El
nuevo Estado debía procurar la incorporación de las masas a la
actividad intelectual y artística, fuera mediante un sistema
educacional radicalmente transformado, o a través del
establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Se preveía
la formación de una extensa red de Centros Locales de Cultura
Popular, a través de los cuales se debía impulsar la organización
de las masas para ejercer su derecho a la cultura. Todo ello
destinado a estimular la creación artística y literaria y
multiplicar los canales de relación entre artistas o escritores con
un mayor público. La acción del Gobierno Popular debía orientarse
a ofrecer las más amplias y mejores oportunidades educacionales y
mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores.
Se establecía un Plan Nacional de Becas, ampliamente extenso para
asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños
de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del
campesinado.
También
consideraba el programa un plan extraordinario de construcción de
establecimientos escolares por parte del Estado, apoyado en recursos
nacionales y locales movilizados por los órganos básicos de poder.
Se consideraba la expropiación de edificaciones suntuarias que
fueran necesarias para habilitar nuevos establecimientos escolares e
internados. Se proponía crear por lo menos una escuela unificada
(básica y media), en cada comuna rural, en cada barrio y en cada
población de las ciudades de Chile.
Por
otra parte, se pretendía expandir rápidamente el sistema de
salas-cuna y jardines infantiles, apuntando preferentemente a los
sectores más necesitados. Con ello, la niñez obrera y campesina
estaría más preparada para ingresar y permanecer provechosamente en
el sistema escolar regular.
El
programa consideraba que las transformaciones en la educación no
sería sólo obra de técnicos, sino también tarea estudiada,
discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de profesores,
trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos
generales de la planificación nacional. Se preveía la creación de
Consejos Locales, Regionales y Nacional de Educación, con funciones
específicas. Para implementar la planificación de la educación y
la escuela única, nacional y democrática, se proponía que el
Estado tomara, bajo su responsabilidad, los establecimientos
privados, empezando por aquellos planteles que seleccionaban su
alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión
religiosa. Para ello, se establecía la necesidad de integrar, al
sistema educacional, el personal y otros medios de la educación
privada. La educación física y las prácticas de todos los deportes
de jóvenes y adultos serían la preocupación constante y metódica
del Gobierno Popular. El Gobierno de la UP prestaría un amplio
respaldo al proceso de la Reforma Universitaria e impulsaría
resueltamente su desarrollo. El Estado asignaría a las universidades
recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y
su efectiva estatización y democratización. El gobierno
universitario correspondería a sus respectivas comunidades.
El
programa también señalaba el rol fundamental que debían jugar los
medios de comunicación de masas (radio, editoriales, televisión,
prensa, cine) en la creación de una nueva cultura y del hombre
nuevo. Por lo mismo, debía dárseles una fuerte orientación
educativa y liberarlos de su carácter comercial, de tal manera que
las organizaciones sociales tuvieran acceso a estos medios,
eliminando la presencia nefasta de los monopolios en ellos.
POLITICA
INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR
- Respecto a la política internacional, el programa señalaba lo siguiente:
- Afirmar la plena autonomía política y economía de Chile.
- Relaciones con todos los países del mundo, independiente de su posición ideológica y política, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo Chile.
- Vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos independientes o colonizados, en especial aquellos que estaban desarrollando sus luchas de liberación e independencia.
- Un fuerte sentido latinoamericano y antiimperialista por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías.
- Defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos como condición básica de la convivencia internacional. En consecuencia, su política sería vigilante y activa para defender el principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas.
- Fortalecimiento de las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas.
- Defensa activa de la independencia de Chile y denunciar a la OEA como un instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de panamericanismo implícito en esa organización.
El
Gobierno se proponía la creación de un organismo realmente
representativo de los países latinoamericanos. Entre otros puntos,
planteaba el programa la necesidad de revisar, denunciar y desahuciar
los tratados o convenios que significaran compromisos que limitaran
nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia
recíproca, los de ayuda mutua y otros pactos, que Chile había
suscrito con EE.UU.
El
programa expresaba el rechazo explícito a la ayuda foránea y
créditos condicionados por razones políticas, o que implicaran la
imposición de realizar inversiones con dichos créditos que pudieran
vulnerar la soberanía nacional o que fueran contra los intereses del
pueblo, como también contra todo tipo de imposiciones foráneas
respecto a las materias primas latinoamericanas, como el cobre, y
contra las trabas impuestas al libre comercio, lo que se
había traducido en la imposibilidad de establecer relaciones
comerciales colectivas con todos los países del mundo.
El
programa manifestaba la solidaridad efectiva el Gobierno Popular con
las luchas que libraban los pueblos por su liberación y por la
construcción del socialismo. Se condenaba toda forma de colonialismo
o neocolonialismo y se reconocía el derecho a la rebelión de los
pueblos sometidos a esos sistemas, como también toda forma de
agresión económica, política y/o militar provocada por las
potencias imperialistas. Afirmaba que la política internacional de
Chile debía mantener una posición de condena a la agresión
norteamericana en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa
con la lucha heroica del pueblo vietnamita. Del mismo modo, se
pronunciaba solidariamente con la Revolución Cubana. También decía
que la lucha antiimperialista de los pueblos del Medio Oriente
contaba con la solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyaría la
búsqueda de una solución pacífica sobre la base árabe y judío.
Se condenaba a los regímenes reaccionarios que promovían o
practicaban la segregación racial y el antisemitismo. En el plano
latinoamericano, el Gobierno propugnaría una política internacional
de afirmación a la personalidad latinoamericana con el concierto
mundial. Por lo mismo, la integración latinoamericana jugaba un rol
determinante y debería ser levantada sobre la base de economías que
se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y
explotación. Sin perjuicio de lo anterior, se mantendría una activa
política de acuerdos bilaterales que fueran de interés para el
desarrollo chileno.
El
Gobierno Popular actuaría sobre la base de negociaciones para
resolver los problemas fronterizos pendientes, teniendo presente el
interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes.
Al
analizar retrospectivamente este programa después de 45 años, es
imposible no resaltar el carácter visionario que tuvieron los
dirigentes de los partidos de la UP y del propio Presidente Allende.
Su lectura entrega medidas y fundamentos de éstas que, a la fecha,
no solo están vigentes, sino que desgraciadamente distan mucho de
ser consideradas en las propuestas programáticas actuales. No todo
este programa pudo ser implementado. Contó con la férrea oposición
de sectores de derecha y de centro, situación que culminó con el
sangriento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Aún así,
estas propuestas perduran en la Memoria Popular y Colectiva, están
presentes en las banderas de lucha del pueblo chileno, y han sido
parte integrante de los homenajes, durante todos estos años,
rendidos al Presidente Mártir y a los héroes de esta lucha.
1http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=19:progamabasico
2Idem.
3Idem
4Idem
5Idem
6Idem
7Idem
8Idem
9Idem
10Idem
11Idem
12Idem
13Idem
14Idem
No hay comentarios.:
Publicar un comentario