Del estallido social al estallido viral

Del estallido social al estallido viral

Patricio González Mayo, 2020.

Los acontecimientos en nuestro país en estos últimos 8 meses (de octubre de 2019 a mayo 2020) han dejado en evidencia lo inoperante del gobierno de Piñera, su demagogia, su ineptitud, su ninguna empatía frente a los graves problemas que sufre la inmensa mayoría de la población. Han dejado de manifiesto la mentira, la fanfarria, el menosprecio por los más desposeídos, su mercantilismo y su poca o nula sensibilidad social, como también la farandulización de la política nacional, con puesta en escena de las “medidas” que han implementado, como un circo pobre, donde el rol del Sr. Corales lo cumple a la perfección el jefe de gobierno, y donde abundan las cámaras televisivas y los carros militares y policiales, con gran presencia de sus luces intermitentes, muchas “personalidades” del gobierno y de la derecha, todo al más puro estilo “hollywoodense”, como un gran show mediático.

En octubre de 2019, y en las semanas posteriores a esa fecha, se expresó con mayor fuerza la molestia de millones de personas en nuestro país frente al modelo económico y político vigente. Se realizaron grandes protestas de estudiantes, de mujeres, de trabajadores, de vastos sectores sociales, lo que llevó a gigantescas manifestaciones, donde se pedían cambios radicales estructurales, tanto del punto de vista político y económico, como social.

Todo el país se movilizó en diversas formas y se generaron actos emblemáticos, como el del 18 de octubre y otros en Plaza Dignidad, en otros lugares y ciudades, como también combativas consignas, como “no son 30 pesos, son 30 años”, entre otras.

Esta situación expresaba un descontento creciente, que se arrastraba ya de un tiempo atrás, como: la gran movilización No más AFP de abril 2018, y otras marchas de esta organización social, apoyada por otras instituciones, la marcha feminista del mismo año contra la discriminación de género y en numerosas otras protestas y manifestaciones de escolares y universitarios, de la CUT, de varios sindicatos y grupos de trabajadores.

Esto, ante los graves y grandes problemas en el país, que el gobierno de Piñera no estaba dispuesto a resolver y sólo impuso la política del garrote como respuesta, violando sistemáticamente los DDHH, como muchos organismos nacionales e internacionales pudieron establecer, y una fuerte represión al movimiento social.

Yendo más atrás, el actual modelo data del golpe de estado de 1973 en nuestro país. Es desde aquí donde se empieza a concebir e implementar paulatinamente un nuevo modelo económico, el cual necesitaba contar con las condiciones políticas adecuadas para ello. Eso lo permitió el cruento golpe de estado y la violencia desatada por las FFAA, Carabineros y la derecha, generando una de las dictaduras civico-militar más brutales del último tiempo. Bajo este régimen se impusieron, a sangre y fuego, las medidas económicas y sociales que, en gran medida, rigen hasta el día de hoy, las cuales han creado una gran distorción e inequidad en el país, manteniendo a la gran mayoría de la población en una dificil situación económica y en una muy desmejorada condición social, carente de diversos derechos, como a la salud, a la educación, a la vivienda, a la educación, entre otros.

Producto de esa situación, y en correspondencia con la espuria Constitución de 1980 y el rol asignado en ella a las FFAA y policías, nuestro país se convirtió, y hasta hoy lo sigue siendo, en un estado policiaco, donde el uso de la fuerza y la represión por parte de la policía, y la amenaza son pan de cada día.

Al decir del Licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile y candidato al Doctorado con mención en Ética y Filosofía Política. Investigador de la Universidad Bolivariana, Cristian Candia Baeza, en su artículo “Seguridad ciudadana y Estado policíaco”¹, debe entenderse este concepto, señalando que este problema de seguridad parte de la crisis vivida por nuestro país y por un crecimiento económico que no ha considerado la equidad como parámetro de distribución. Expresa que: “La estrategia seguida para convertir el tema de la seguridad en la obsesión de nuestro tiempo se desarrolló en dos fases. La primera estuvo orientada a ubicar el problema al interior de un marco jurídico y policial, restringiendo el problema de la seguridad a una cuestión delictiva. La segunda, consistió en presentar la solución del problema como una cuestión técnica referida al control y sanción del delito”. Más adelante señala que el camino que se tomó fue “el de situar la problemática al amparo de un dispositivo técnico-jurídico. Se trata de convertir el cuerpo social en cuerpo victimizado, multiplicando mediáticamente la figura del miedo hasta que no haya persona que no se sienta vulnerable a esta amenaza permanente ….. Se instala en nuestro imaginario una microfísica del temor que corresponde a una microfísica del ejercicio policiaco …....Aquí es donde entra la segunda fase de la estrategia que administra el delito ….... La misma voluntad que administra el miedo se ofrece como la salvación necesaria …... El delincuente instalado dentro de nuestra casa exige la presencia de este otro huésped, el cual llega con toda su parafernalia salvadora. De esta forma, se cumple una triste profecía, la instauración de una sociedad segura al amparo de un estado policíaco”.

Fiel a este concepto, el gobierno de Piñera ha hecho todo lo posible por criminalizar al movimiento social, señalándolo como delincuentes, terroristas, antísociales, etc., promoviendo una serie de leyes, desafortunadamente aprobadas por una mayoría obsecuente en el parlamento, que aplica fuertes sanciones a quienes se manifiesten en las calles contra el actual sistema, situación que desgraciadamente ha contado también con el respaldo de algunos personeros de los tribunales de justicia. Lo que se busca es aplastar el movimiento de protesta y mantener el status quo en Chile.

Con la irrupción de la pandemia en nuestro país, nuevamente ha quedado al desnudo la precariedad de este gobierno en el sentido de ser incapaz de implemenar reales medidas de corte social y de salud que hubiesen permitido enfrentar con mayor éxito las secuelas de la actual emergencia sanitaria.

Una vez más se ha recurrido al garrote, en vez de la zanahoria, para enfrentar la crisis. El gobierno pecó no solo de implementar muy tardíamente algunas medidas, sino que ha responsabilizado a la población del fuerte auge que ha causado el corona virus, amenazando con las penas del infierno a quién no cumpla las restricciones impuestas. Las amenazas van no solo de detenciones y confinaciones, sino también con exorbitantes y millonarias multas en dinero a quienes incumplan las llamadas cuarentenas y otras medidas restrictivas. Como si fuera poco, ha militarizado la situación, usando nuevamente las herramientas que le permite su condición de estado policiaco.

Aparte de culpar a la población del incremento de los infectados y muertos, de tratar de blanquear a las FFAA y Carabineros por su rol represivo, intenta bajar el perfil de las secuelas originadas, mintiendo y manipulando las cifras y hechos, y traspasa todo el peso de la crisis a los trabajadores con diferentes medidas que se han tomando, sin dejar de favorecer económicamente a los grandes grupos de poder, especialmente del área financiera y, en su afán de manipular la situación, crea falsas imágenes transitorias, como la vuelta a clase de los escolares en mayo, el retorno programado, la nueva realidad y otros voladeros de luces.

La actual crisis sanitaria que afecta al país ha demostrado una vez más la inoperancia del actual gobierno derechista, su indolencia ante el impacto social, su incapacidad de asumir su responsabilidad ante los graves hechos ocurridos. Más allá de su verborrea, ha llegado tarde a diversas situaciones, ha implementado tardíamente algunas medidas y otras las ha sencillamente obviado,

Pero no es solo la incapacidad del gobierno, sino que es una muestra más del modelo económico y político que rige en el país, y que hace urgentemente necesario su reemplazo por otro, para lo cual debe articularse una gran oposición política, social, sindical, estudiantil, etc., que sea capaz de llevar adelante este gran desafío. En ese contexto, un gran reto para los sectores democrático es crear las mejores condiciones para lograr el cambio de la constitución a través del plebiscito de octubre de este año, que la derecha y el gobierno pretenden suspender. Con mayor razón se deben hacer los mayores esfuerzos para mantener activo y unido al movimiento social por sus justas reivindicaciones, rol que, en lo político, le corresponde a la oposición, la cual tampoco ha estado a la altura de las circunstancias.

1 Cristian Candia Baeza, «Seguridad ciudadana y Estado policíaco»,Polis [En línea], 2|2002, Publicado el 26 noviembre 2012, consultado el 22 enero 2020. URL: http://journals.openedition.org/polis/7944