Chile, un Estado Policíaco
Patricio González
Enero 2020.
Los
últimos acontecimientos en Chile, especialmente desde la irrupción
del estallido social del 18 de octubre de 2019 hasta la actualidad,
hace necesario cuestionarse una serie de cosas respecto a qué ha
pasado en el país en este casi medio siglo, desde el golpe de estado
de 1973. Ello, en particular, por una serie de fenómenos sociales y
económicos que han tenido lugar en el país, con sus respectivos
cuestionamientos, y en relación a los dogmas que se han instalado en
nuestra sociedad.
En
su obra El
Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado
(1884), Federico Engels expresa: “La esencia de la sociedad
civilizada es el Estado, una maquinaria esencialmente destinada a
reprimir a la clase oprimida y explotada, y que en todos los períodos
típicos es exclusivamente el Estado de la clase dominante.”1
Esta
expresión es similar a la vertida en El
Manifiesto Comunista,
de Marx y Engels: “La historia de todas las sociedades hasta
nuestros días es la historia de las luchas de clases”2.
Poco más adelante, señalan “La moderna sociedad burguesa que ha
salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las
contradicciones de clase. Unicamente, ha sustituido las viejas
clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de
lucha por otras nuevas”.3
En
su análisis dialéctico en su ya citada obra de 1884, Engels va
describiendo cómo los seres humanos, desde los tiempos prehistóricos
hasta la modernidad, van desarrollándose socialmente, desde una
comunidad de iguales, pasando al surgimiento de las clases sociales,
a sus contradicciones antagónicas, al surgimiento del Estado.
La
anteriormente citada definición del Estado expresa la esencia de
éste como estructura de las relaciones de producción y, por ende,
de las relaciones de propiedad, en las fases de desarrollo de las
diversas formaciones socioeconómicas de la humanidad. Esencialmente,
el Estado expresa la forma, la estructura cómo la clase dominante
domina a la clase dominada y a otras capas de la sociedad.
A
mayor abundamiento, Engels señala “Así pues, el Estado no es de
ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad ….... Es
más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la
sociedad, es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una
irremediable contradicción consigo misma y está dividida por
antagonismos irreconciliables que no puede conjurar”.4
Más
adelante continúa: “... el Estado se caracteriza en primer lugar
por la agrupación de sus súbditos según “divisiones
territoriales”....... El segundo rasgo característico es la
institución de una “fuerza pública” que ya no es el pueblo
armado. Esta fuerza pública especial se hace necesaria porque, desde
la división de la sociedad en clases, es imposible una organización
armada espontánea de la población.....”.5
Y, a continuación, añade
“Para sostener en pie esa fuerza pública se necesita la
contribución de los ciudadanos: los impuestos …......
Dueños
de la fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos, los
funcionarios aparecen ahora como órganos de la sociedad situados por
encima
de ésta.”6
Lenin,
en su libro El Estado y la Revolución,
refiriéndose a la ya citada obra de Engels, dice: “Engels se
esfuerza en dirigir la atención de los obreros conscientes
precisamente hacia aquello que el filisteísmo dominante considera
como lo menos digno de atención, como lo más habitual, santificado
por prejuicios no ya sólidos, sino podríamos decir que petrificados
El ejército permanente y la policía son los instrumentos
fundamentales de la fuerza del Poder del Estado. Pero ¿puede acaso
ser de otro modo?”
Dicho
en otras palabras, el Estado surge en un momento dado del desarrollo
de la humanidad: cuando ésta se divide en clases, las cuales tienen
una posición antagónica entre sí, y la clase dominante debe
ejercer la fuerza para tener bajo control a la clase dominada, y para
eso requiere de una fuerza pública que ejerza ese rol. Por un lado
están las FFAA y, por el otro, las policías. Ambas ejercen esa
función: guardianes del Estado y de la clase dominante.
En
una sociedad dividida en clases, como la nuestra, el Estado
capitalista tiene como principal objetivo mantener el status quo, es
decir, y como ya se ha dicho, garantizar el poder de la clase
dominante sobre la clase dominada, independientemente que ese poder
se ejerza con algunos ribetes más represivos o más “democráticos”,
dependiendo de la correlación de fuerzas que exista en cada momento,
del estado de ánimo y grado de combatividad de las masas, etc.,
pero nunca perderá su carácter de clase. Ello en directa relación
con el tipo de gobierno que se establezca.
Con
el flujo de los movimientos populares a principios de los 70 en
América Latina y otros continentes, EEUU y los sectores
reaccionarios de América llevaron a cabo una readecuación de su
táctica, lo que posteriormente se vierten en los denominados
documentos de Santa Fe, basado en la teoría del enemigo interno, en
la guerra contra el marxismo internacional, etc., donde la seguridad
nacional queda en manos de las FFAA y las policías.
El
golpe de estado de 1973 en Chile es un anticipo de esa política que
se empieza a concebir en esos años por el Imperio. Es aquí donde se
implementa un nuevo modelo económico, el cual necesita contar con
las condiciones políticas adecuadas, las que se aplicarán a contar
del cruento golpe de estado en nuestro país.
En
el DL N° 17
de la Junta Militar de Chile, del 11 de septiembre de 1973, en su
artículo 1, se señala: “Con
esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando
Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la
chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas,
conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las
tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la
Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del
país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de
los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad
internacional de que forma parte.”
Como
este DL, los otros cientos de ellos están en la misma dirección de
entregar a las FFAA y Policía todo el poder, como una forma extrema
de la burguesía de mantener a toda ultranza sus posiciones de
dominio, especialmente el económico.
Debe señalarse que, hasta 1980, la Dictadura gobernó mediante
Decretos Leyes, ya que el mismo día del golpe había dejado sin
efecto la Constitución de 1925.
La
Constitución de 19808,
que rige en nuestro país salvo pequeñas reformas, dictada bajo la
dictadura más sangrienta y brutal que se haya dado en Chile, la que
todavía se mantiene vigente en sus elementos más esenciales (los
llamados “candados”), los que debiesen ser erradicados en una
nueva Constitución, obedece al golpe de estado de 1973, donde
nuestro país se convierte en un “Estado Policiaco”, el cual, a
grandes rasgos, se mantiene hasta el día de hoy.
En
el artículo 8 de la Constitución de 1980 se señalaba: “Todo acto
de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra
la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad
del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada
en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento
institucional de la República.
Las
organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus
fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos,
son inconstitucionales”
En
su artículo 9 dice: “El terrorismo, en cualquiera de sus formas,
es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quorum
calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los
responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de
quince años para ejercer los empleos, funciones o actividades a que
se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, sin perjuicio de
otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.
No procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto,
como tampoco la libertad provisional respecto de los procesados por
ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no
políticos para todos los efectos legales”.
Sergio
Job, en su artículo ¿Qué significa Estado Policial?, publicado en
el Portal Rebelión el 22.11.20139,
señala “En los últimos tiempos, la dinámica de la política
cordobesa en particular, pero del continente en general, ha llevado a
que cada vez más sectores de la militancia, la intelectualidad e
incluso de los comunicadores sociales, empiecen a señalar la
existencia de un Estado
Policial”,
y señala al “Estado
policial
como una administración burocrática (violenta o “pacífica”) de
la vida, la población y el territorio”.
Ese
“Estado Policiaco” debe entenderse como la utilización de todas
las herramientas lícitas o ilícitas, de que dispone el Estado en un
momento dado, incluso que pasen a llevar su propio ordenamiento
jurídico vigente, facultando a las FFAA y policía a ejercer un
férreo control sobre los opositores al régimen, y el uso de
diferentes medios de represión, aún sean los más violentos y
letales, como cruentos golpes de estado.
El
Licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile y candidato al
Doctorado con mención en Ética y Filosofía Política. Investigador
de la Universidad Bolivariana, Cristian Candia Baeza, en su artículo
“Seguridad ciudadana y Estado policíaco”10
analiza este
concepto, acerca del Estado, señalando que este problema de
seguridad parte de la crisis vivida por nuestro país y por un
crecimiento económico que no ha considerado la equidad como
parámetro de distribución. Expresa que: “La
estrategia seguida para convertir el tema de la seguridad en la
obsesión de nuestro tiempo se desarrolló en dos fases. La primera
estuvo orientada a ubicar el problema al interior de un marco
jurídico y policial, restringiendo el problema de la seguridad a una
cuestión delictiva. La segunda, consistió en presentar la solución
del problema como una cuestión técnica referida al control y
sanción del delito”. Indica más adelante que el camino que se
tomó fue “el de situar la problemática al amparo de un
dispositivo técnico-jurídico. Se trata de convertir el cuerpo
social en cuerpo victimizado, multiplicando mediáticamente la figura
del miedo hasta que no haya persona que no se sienta vulnerable a
esta amenaza permanente ….. Se instala en nuestro imaginario una
microfísica del temor que corresponde a una microfísica del
ejercicio policiaco ….
...Aquí
es donde entra la segunda fase de la estrategia que administra el
delito ….... La misma voluntad que administra el miedo se ofrece
como la salvación necesaria …... El delincuente instalado dentro
de nuestra casa exige la presencia de este otro huésped, el cual
llega con toda su parafernalia salvadora. De esta forma, se cumple
una triste profecía, la instauración de una sociedad segura al
amparo de un estado policíaco”.
Durante
las décadas pos-dictadura, si bien se implementaron algunas reformas
menores, la esencia del modelo se mantuvo incólume, como también la
superestructura política, llámese marco legal . Por años se
mantuvieron los senadores designados, la inamovilidad de los
Comandantes en Jefe de las FFAA y del General Director de
Carabineros, el rol tutelar de las FFAA sobre la “seguridad
nacional”, los quorums calificados, etc. La represión policíaca,
si bien disminuyó en parte, independientemente del gobierno de
turno, se aplicó permanentemente contra las protestas estudiantiles,
sindicales, contra los pueblos originarios, especialmente contra los
mapuches, inclusive con montajes y asesinatos.
Con
el estallido social del 18 de octubre, esta política se acentuó.
El 20 de octubre de 2019, Piñera declaraba: “"estamos en
guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada
ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia
sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas
humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras
estaciones del Metro, nuestros supermercados". El día anterior
ya había declarado Zona de Emergencia para Santiago y horas más
tarde se dictó toque de queda, medida que no se implementaba desde
tiempos de la dictadura pinochetista.
Desde
el estallido social, el gobierno ha enviado al Congreso Nacional una
serie de proyecto de ley, algunos de corte social y económico, y
otros marcadamente represivos. Algunos ya aprobados, con votos de
algunos parlamentarios descolgados de la oposición, y pronto a ser
promulgados y otros todavía en trámite parlamentario.
Entre
los aprobados está la denominada ley antisaqueos. Entre los que
están en deferentes etapas del trámite legislativo se encuentran:
ley que permite desplegar FFAA en infraestructura crítica sin
necesidad de dictar estado de excepción, ley antiencapuchados, entre
otras. Junto a ellos, se adelantó en varias semanas el egreso de las
Escuelas de Carabineros y de la PDI y se autorizó la reincorporación
a las filas policiales a personal que se había acogido a retiro. Por
otra parte, mediáticamente se hace hincapié en criminalizar al
movimiento social, tratándolos de delincuentes, vándalos y otros
epítetos, y se victimiza a personal de Carabineros atacados y
heridos por esas “turbas de delincuentes”. Del mismo, la posición
de gobierno alcanza niveles al más puro estilo pinochetista de
negacionismo, rechazando todos los informes que han condenado la
violación a los DDHH por parte de FFAA y policías, dándole todo su
respaldo a estos organismos armados.
El
11 de noviembre, Carabineros de Chile emite un comunicado, donde,
entre otras cosas, se expresa: “Por mandato
constitucional, Carabineros de Chile tiene el deber de resguardar el
orden público y proteger a las personas, su libertad y sus derechos.
Carabineros
de Chile tiene como misión proteger y ante todo cuidar a la
población.
Carabineros
de Chile tiene un compromiso absoluto con los derechos humanos, en el
cumplimento de sus funciones. Contamos con una Dirección de Derechos
Humanos y cursos de formación e instrucción permanente al personal
operativo en es relevante materia”. Más adelante continúa: “Se
reitera nuestro apoyo y respaldo a todos los Carabineros y
Carabineras de Chile, quienes han debido realizar un gigantesco
esfuerzo para el resguardo del orden y seguridad de todos los
chilenos”.
Por
su parte, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en una declaración
pública del 21 de noviembre, entre otras cosas, señalaban:
"...rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que
señalan que habría existido 'una política de ataques generalizados
contra manifestantes', ya que no existió, ni existe ninguna política
de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra
la población civil”. Más adelante afirman que “Tampoco es
cierto que durante el periodo que rigió el Estado de Excepción
Constitucional, las FFAA hubieran actuado con la intención de
lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta
social. Al contrario, su intención fue la de proteger a la
población, los derechos de nuestros compatriotas y la
infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos
con altos grados de violencia que se estaban cometiendo".
Estas,
y otras declaraciones emitidas por los mandos superiores de las FFAA
y Carabineros se alinean perfectamente con el absoluto respaldo que
le ha brindado el gobierno a la brutal represión ejercida contra el
movimiento social. Por otra parte, el artículo 101 de la actual
Constitución señala: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como
cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las
fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa
Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales,
jerarquizadas y disciplinadas”. Es evidente que, desde mucho
tiempo, las FFAA y Carabineros no cumplen con esa condición,
especialmente estos últimos meses ya que permanentemente están
opinando sobre la contingencia, han hecho montajes y han asesinado a
mapuches, como a Camilo Catrillanca y otros.
Desde
1990, y especialmente en estos últimos meses, los acontecimientos
muestran la casi total autonomía e impunidad con que actúan estas
instituciones armadas y nunca han perdido el poder que obtuvieron
bajo la dictadura, lo cual los transforman en un factor decisivo en
la coyuntura política que atravesamos.
El
tema de la subordinación de las FFAA y Policía no ha sido parte de
la discusión actual. No está en las demandas levantadas, mucho
menos en la agenda de gobierno y pareciera que tampoco en la
oposición. Mientras eso no suceda, sera muy difícil avanzar en una
verdadera democratización de nuestro país. En la práctica, estamos
viviendo en un estado policiaco.
1Engels,
F., El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado
COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO Traducción: Grupo de Traductores
de la Fundación FedericoEngels, Primera edición: septiembre 2006,
www.fundacionfedericoengels.org,
pág. 190
2Marx
y Engels, El Manifiesto Comunista, Ediciones Delta, pág. 41
3Idem,
pág. 42
4Engels,
F, Op. Cit. Pág.183
5Idem,
Pág. 184
6Idem,
Pág. 185
7Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile en: https://www.bcn.cl/
8Idem
9http://www.rebelion.org/noticia.php?id=177193
10
Cristian Candia Baeza,
«Seguridad
ciudadana y Estado policíaco»,Polis
[En
línea], 2|2002, Publicado el 26 noviembre 2012, consultado el 22
enero 2020. URL: http://journals.openedition.org/polis/7944
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